El 14 de enero del año en curso, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, para “una nueva etapa de mejora sustantiva” en salud, vivienda, seguridad social, combate a la corrupción y
fortalecimiento financiero, uno de esos puntos establece que las “cuotas de servidores públicos con mayores ingresos, así como de entidades y dependencias se calculen sobre salario integrado”. De inmediato esta medida fue cuestionada, por las y los trabajadores de la educación agrupados en la CNTE.
A pesar de ello, el 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la iniciativa de Reforma a la Ley del ISSSTE, en la que se establece “que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se realicen sobre el salario integrado, cuando este rebase las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a fin de captar mayores recursos que permitan al ISSSTE financiar la prestación de servicios médicos en todas sus unidades”.
Pese a las declaraciones de la presidenta y funcionarios del ISSSTE de que la reforma sólo afectará a los empleados de confianza y funcionarios de salarios altos, esto no se cumplirá, pues al menos 500 mil trabajadores de la educación reciben en su salario integrado el monto que establece la propuesta de Ley, los docentes de básica al estar trabajando doble turno; los de media superior, por trabajar turnos exhaustivos de 30 o 40 horas pizarrón a la semana; y los de educación superior. Los profesores de tiempo completo que reciben los “estímulos a la productividad”, también serán afectados.
