“Yo aguanto que me bajen el sueldo, pero solo si se lo baja el gobernador, los diputados, los funcionarios”, comenta el maestro Aldo Misael Jiménez, del Valle de Mexicali.
“Cumplo 36 años de servicio el uno de enero”, refiere el profesor, y quienes lo rodean van por el estilo. Los manifestantes critican la propuesta de reforma (a lo que consideran la Ley Laboral-Educativa), cuestionan la reducción del aguinaldo, los topes salariales, el golpe para maestros que se han preparado, estudiado, esforzado. Aseguran que se trata de un plantón “presencial”, pacífico-–sin suspender clases-, esperaban la llegada de maestros y burócratas de Mexicali y Tijuana, luego de Ensenada, y a todos ellos se sumarían contingentes de burócratas de todo Baja California.
“Vamos a protestar”, afirman decididos, mientras en la sala de sesiones, un trabajador de la burocracia grita a los diputados: “No vamos a dejar que pase esa reforma”. Malvada, malévola, perversa.
Para Luis Alfonso Vargas, abogado laborista, en la propuesta de reforma existe un mal de origen: “El sustento constitucional del derecho a la seguridad social deriva del (Artículo) 123 de la Constitución Federal, y técnicamente no pueden ser sostenidas estas nuevas leyes en la Constitución de Baja California. No somos una República independiente, formamos parte de una Federación”.
