Las mesas de trabajo para revisar los protocolos de protección integral, como ahora se proponen nuevamente, sólo buscan distraer, desgastar y despresurizar la legítima protesta del magisterio.
Durante más de un año, los protocolos fueron revisados en al menos diez mesas de trabajo con participación del DIF, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Fiscalía, docentes, directivos, supervisores y la Subsecretaría de Educación Básica. Pese a ello, la autoridad nunca publicó las modificaciones acordadas ni las sometió a consideración formal de las representaciones sindicales. Hoy, esa misma autoridad convoca nuevamente… para revisar lo ya revisado.
¿Qué cambio en esos protocolos habría evitado lo que hoy vive el maestro Esteban? Ninguno.
Porque el maestro enfrenta un proceso penal precisamente por seguir lo que los protocolos indican.
Por eso no se trata de seguir ajustando un documento que no está pensado para proteger a los trabajadores.Los protocolos tienen como razón de ser la protección de niñas, niños y adolescentes —y en eso estamos absolutamente de acuerdo.
Pero es urgente construir un nuevo documento, distinto a los protocolos, cuya finalidad sea brindar un marco de actuación seguro a las y los trabajadores de la educación.
Este nuevo instrumento debe:
-Delimitar claramente sus funciones.
-Salvaguardar sus derechos humanos y laborales.
-Establecer que la protección de los menores es una responsabilidad compartida entre familias, Estado y sociedad, y no una carga exclusiva del personal educativo.
-Y, una vez construido, armonizarse con los protocolos de protección infantil, sin que el respeto pleno a nuestros derechos entre en conflicto con la salvaguarda de nuestros alumnos.
Porque los educadores siempre hemos estado del lado de las infancias. Lo que exigimos ahora es que el Estado también esté del lado de quienes las acompañamos todos los días en las escuelas.
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